Univision: Tres senadores piden a Biden que extienda validez de los amparos de deportación de titulares de DACA y TPS
Por Jorge Cancino
Un grupo de tres senadores demócratas solicitó al presidente Joe Biden que tome acción ejecutiva inmediata para proteger a miles de inmigrantes amparados de la deportación bajo programas de acción diferida, quienes estarían en la mira de los planes de deportación masiva anunciados por el presidente electo, Donald Trump.
“Lo instamos respetuosamente a priorizar las siguientes acciones: designar, redesignar y extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países elegibles”, se lee en una carta enviada al mandatario por los senadores demócratas Catherine Cortez Masto (Nevada), Alex Padilla (California) y Ben Ray Luján (Nuevo México).
Los legisladores señalaron la importancia de actuar antes del 20 de enero, fecha en que asume el nuevo gobierno de Donald Trump, quien ha puesto en la mira de cancelaciones varios programas humanitarios aprobados y extendidos durante el gobierno de Biden, entre ellos la Acción Diferida para los Llamados en la Infancia (DACA), TPS y ‘parole’ humanitario.
Le pedimos “que actúe con decisión durante el resto de su mandato para completar un trabajo importante que protegerá a las comunidades inmigrantes de largo plazo y garantizará que las familias no sean devueltas a países donde enfrentarían un inmenso peligro”, argumentaron.
En el caso de DACA, el futuro del programa se encuentra en manos de un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, instancia que revisa dos fallos de tribunales inferiores de Texas que declararon ilegal el beneficio y permitieron su vigencia por dos años, hasta septiembre de 2025.
En caso de un fallo que conforme la ilegalidad antes del 20 de enero, el gobierno de Biden no tendría tiempo suficiente para defenderlo ante la Corte Suprema y no se espera que el gobierno de Trump vaya a defenderlo.
Por su parte, tres TPS activos tienen fecha de vencimiento en 2025, siendo ellos El Salvador (9 de marzo); Honduras y Nicaragua (5 de julio) y Venezuela (10 de septiembre).
En total, los programas activos de TPS protegen de la deportación a 1 millón de indocumentados que encontraban en Estados Unidos al momento de ser designados por el gobierno en turno.
Los argumentos de los senadores
En la carta dirigida a Biden, los tres senadores demócratas escribieron que “estamos ansiosos por asegurar que los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS y otros inmigrantes que son miembros críticos de nuestras comunidades y economías no sean olvidados durante este tiempo ajetreado”.
Agregan que las crisis que empeoran en países de todo el mundo, “incluidos Ecuador, Nicaragua y El Salvador, continúan poniendo en peligro a cientos de miles de personas”. Y que los nacionales de estos tres países “no pueden regresar a sus hogares debido a las graves circunstancias que se viven en el país”.
En el caso de Ecuador, el grupo señala que los ciudadanos de ese país enfrentan actualmente “niveles horribles de violencia que solo han aumentado en los últimos años”. En el caso de Nicaragua, indican que bajo el régimen opresivo del presidente Daniel Ortega, donde las violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte del gobierno plantean graves riesgos de violencia y persecución patrocinadas por el estado para sus ciudadanos”.
También precisan que las condiciones políticas y ambientales en El Salvador “siguen justificando el TPS”, programa que en la actualidad favorece a unos 180,000 ciudadanos de ese país que han vivido en Estados Unidos desde febrero de 2001.
“Instamos a la administración a garantizar que se otorgue el TPS a aquellos de países con casos meritorios, lo que les permitirá seguir construyendo sus vidas aquí y contribuyendo a nuestro país”, añade la misiva.
La advertencia del Proyecto 2025
El Proyecto 2025, un documento de más de 900 páginas publicado por la Fundación Heritaje y escrito por más de 170 líderes conservadores y ex funcionarios del primer gobierno de Trump, entre ellos Stephen Miller y Tom Homan, recomienda que el Programa de Protección Temporal (TPS) sea cancelado y los beneficiarios que queden sin estatus legal de permanencia sean deportados.
En 2017, durante la primera administración de Trump, los TPS de países. Centroamericanos y Haití fueron cancelados, pero tras demandas entabladas por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la Unión Americana de Libertades Civiles, los tribunales de justicia ordenaron la restitución de todos ellos debido a que habían sido eliminados de manera caprichosa y arbitraria.
Teniendo en cuenta este antecedente, tanto Cortez como Padilla y Luján señalaron que la importancia de proteger a estos miles de beneficiarios y, con la incertidumbre actual en torno al futuro de DACA y otros con acción diferida, “instamos al servicio de inmigración (USCIS) a procesar todas las renovaciones de acción diferida y las solicitudes de permiso anticipado lo más rápidamente posible”.
“El USCIS también debe permitir que el estatus de todos los beneficiarios de DACA se extienda por el máximo tiempo posible”, indicaron.
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